El Ministerio de Economía ha incluido en el anteproyecto de la nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial un título específico para regular las plataformas de crowdfunding en España. Como ya sabrán nuestros lectores, una plataforma de crowdfunding no es más que una página web en la que un proyecto se muestra al público para que la gente pueda colaborar económicamente con él mediante micromecenazgos. Normalmente, según la cantidad de dinero invertida se ofrecen diferentes incentivos. En el caso de los videojuegos, estos pueden ir desde una simple copia digital una vez termine el desarrollo a participar en decisiones estratégicas como productor, pasando por merchandising, información privilegiada durante el proceso de creación del juego y otras muchas ideas.

Por ahora (y hasta que se promulgue la ley), las plataformas de crowdfunding no están reguladas de forma específica. Según explica El Confidencial, medio que ha desvelado la noticia, la norma establece una serie de normas para regular y supervisar el crowdfunding. La financiación se canalizará a través de la emisión o suscripción de valores, participaciones de sociedades de responsabilidad limitada o solicitud directa de préstamos; en los dos primeros casos, el organismo encargado de la supervisión sería la CNMV, mientras que en el último sería el Banco de España.

Además, la normativa establece que ningún proyecto podrá captar más de 1 millón de euros de fondos mediante crowdfunding. Una persona sólo podrá invertir hasta 3.000 € por año en un proyecto, y un total de 6.000 € sumando todas sus aportaciones. Cada plataforma tendrá que cumplir con una serie de requisitos (como un capital social mínimo de 50.000 € o en su defecto un seguro de responsabilidad civil de 150.000 €), además de marcar requisitos también para los proyectos.

Que exista una regulación y supervisión por parte del Estado es, en general, deseable en cualquier ámbito. No sólo sirve para evitar abusos sino que, además, garantiza la protección del consumidor en caso de fraudes y crea seguridad jurídica. El problema llega cuando una regulación establece límites arbitrarios, como el máximo de 1 millón por proyecto y 3.000 € por persona. En un gobierno que se autodenomina liberal en lo económico sería esperable que, más allá de la creación de un marco de libre competencia, no se entrara en poner cortapisas de este modo.

Límites como éste impedirían que en España pudieran realizarse proyectos como Oculus Rift, que recaudó en Kickstarter 2,4 millones de dólares, además de alejar a los grandes inversores de los proyectos innovadores de pequeñas empresas. Resulta, además, inexplicable que se establezca un límite de 6.000 euros por persona y año para un proyecto empresarial, cuando las donaciones a un partido político pueden ascender hasta a 100.000 euros. ¿Cuál es exactamente la razón para esta disparidad de criterio?

Por todas estas razones, este proyecto de regular el crowdfunding parece, como mínimo, precipitado y poco informado. Hemos preguntado a Carlos Otto, portavoz de la plataforma de crowdfunding española Lánzanos, su opinión y el punto de vista de su compañía sobre este borrador de ley. A continuación tenéis el texto que nos ha remitido; por su interés creemos conveniente reproducirlo íntegro a continuación.

"No estamos en contra de la regulación […] pero el borrador es muy confuso".

CARLOS OTTO

De entrada, no parece que este anteproyecto de ley vaya a afectar a los proyectos de crowdfunding básico (un grupo que saca disco, un escritor que edita su libro, un videojuego…). Sin embargo, el borrador es lo suficientemente confuso como para que existan dudas razonables. De entrada, el borrador asegura que la ley será aplicada a proyectos "destinados a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión y que no inviertan con carácter profesional". Esta es una frase confusa, por dos motivos:

1. Al hablar de personas "que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión", no se habla de crowdfunding básico, sino de equity crowdfunding (empresas que levantan una ronda de financiación con múltiples aportaciones).

2. Sin embargo, al hablar de personas "que no inviertan con carácter profesional" se produce una contradicción, ya que los inversores que inyectan dinero a través de plataformas de equity crowdfunding son inversores profesionales. Esto puede hacer pensar que el anteproyecto de ley no se refiere a crowdfunding ni equity crowdfunding, sino a crowdlending, préstamos P2P, etc. Sin embargo, el borrador también habla de proyectos con "emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada", una cláusula que nos aleja del crowdlending y nos acerca de nuevo al equity crowdfunding. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros se le ha preguntado al ministro a qué ámbito de crowdfunding se refiere la ley, pero no lo ha aclarado.


En cuanto al imperativo de que las plataformas se inscriban (nos inscribamos) en el registro de la CNMV, no estamos en contra de la regulación. El crowdfunding está teniendo un ascenso lo suficientemente grande como para que sea necesaria una regulación, control y supervisión de todo lo que acontece en torno a ello.

En cuanto al límite de un millón de euros por proyecto, nos parece escaso. En España aún no hay proyectos que superen esa barrera, pero los habrá más pronto que tarde. En Estados Unidos ya hay muchos proyectos que obtienen decenas de millones de dólares vía crowdfunding, con lo que el límite nos parece mejorable.

En cuanto al límite de 3.000 euros de aportación por persona, nos parece un límite ridículamente bajo. Ningún inversor en España (ni siquiera en el nivel más bajo, el de los business angels) movería un solo dedo por meter 3.000 euros en un proyecto. Los business angels suelen hacer inversiones de entre 20.000 y 100.000 euros, con lo que no tiene sentido establecer un límite de 3.000 euros. Imaginemos que una startup quiere hacer una ronda de financiación de 100.000 euros: ¿va a tener que estar buscando el emprendedor a 33 personas para una ronda de financiación tan baja? A ningún inversor le merecería la pena entrar en una empresa para inyectar solo 3.000 euros.

En cualquier caso, y a modo de conclusión: el borrador es muy confuso. Esperemos que el Gobierno abra un proceso de diálogo para poder debatir sobre el asunto y que esté abierto a modificaciones, que son muy necesarias.

Sobre El Autor

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Me llamo Antonio Santo y nací en Málaga en 1985. Estudié (es un decir) Filología Hispánica en Granada, aunque desde que salí de la universidad (sorprendentemente, por mi propio pie) toda mi carrera profesional ha sido en prensa. En 2011 empecé a dedicarme al periodismo de videojuegos en Vadejuegos; un tiempo después me hicieron director de contenidos por mis pecados. Me han dado algún que otro premio por mi obra poética, lo que demuestra que hay gente para todo. Me gusta tocar música, los perros y la buena comida. Llevo sombrero para hacerme el interesante.

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