Siempre he sido partidario de que políticos, empresas e incluso medios de comunicación escuchen al pueblo y, si es posible, sean su altavoz para llegar a las instancias que sean necesarias o para que al menos su grito no quede ensordecido en la sociedad.

Siempre he creído que la castiza expresión “poder para el pueblo” representaba metafóricamente la capacidad que tiene cada sociedad de controlar, regular y mesurar las actuaciones de quienes les gobiernan, juzgan, dirigen o informan; pero al igual que se pide seriedad a esos poderes ejecutivos y fácticos, también es de recibo exigir seriedad al pueblo, en definitiva, que actúe de forma sincera y transparente en sus quejas y denuncias.

Estas reflexiones se entroncan con la “guerra” que ha declarado el colectivo Anonymous a la multinacional japonesa Sony. Nunca me he declarado a favor o en contra de algunas de las actuaciones que este colectivo ha realizado, por ejemplo, en nuestro país, aunque puedo entender y respeto sus motivos.

Pero en este caso se ha cruzado la línea del todo vale para imponer un criterio, quedando completamente desacreditado por una serie de errores de bulto.

El más sangrante, sin duda, es el de las víctimas colaterales de esta guerra encubierta. No es de recibo arrancar una serie de protestas que siembre un reguero de cadáveres inocentes ajenos al conflicto, es decir, las decenas de miles de usuarios de PlayStation Network que vieron durante las pasadas 48 horas cómo les era imposible conectarse al servicio online ofertado por Sony son víctimas silenciosas de un ataque, que perdió toda su justificación cuando cualquier medio sirve para alcanzar un determinado fin.

Del mismo modo, estas protestas quedan retratadas cuando se acude al chantaje y a la extorsión con el robo de datos de trabajadores, abogados y juez de la causa contra el hacker George Hotz.

Lo que en un principio podía considerarse una protesta legítima, en la que un colectivo muestra su apoyo y solidaridad a un agente encausado, presuntamente, por cometer una serie de delitos, termina mostrando la incapacidad de la sociedad por actuar de forma madura e inteligente cuando se siente atacada.

No olvidemos que Sony está en su derecho de defender su producto y de ejercer las actuaciones legales que considere oportunas para salvaguardar su integridad. Y será, por tanto, un juez quien determine quién de las dos partes tiene razón.

Lo que no puede defenderse es actuar impunemente para influir en una causa judicial legítima, porque el derecho a quejarse y a mostrar el apoyo y el afecto de uno termina donde empieza el derecho a defenderse utilizando todos los organismos legales del otro.

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